El exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, será liberado luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anulara el fallo que en 2023 lo condenó a siete años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. El caso se relaciona con la adquisición innecesaria de 232 butacas para el funcionamiento del coliseo municipal “La Montera”, ubicado en la localidad de Chivay, cuando Cáceres Llica se desempeñaba como alcalde provincial de Caylloma entre los años 2011 y 2014.
La sentencia de casación fue oralizada la mañana del 9 de octubre por el magistrado supremo César San Martín, quien explicó que la anulación se debía a un vicio procesal durante el juicio. La razón por la cual se anulaba la sentencia era porque se cambió la imputación inicial por parte de la fiscalía, al introducirse indebidamente en juicio una acusación complementaria con una nueva testigo. Según el fallo, la defensa no tuvo oportunidad de presentar descargos frente a este nuevo elemento.
Basado en estos argumentos, la Sala Suprema aceptó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cáceres Llica, anulando la condena y ordenando la realización de un nuevo juicio. De acuerdo con un medio local, fuentes del Poder Judicial precisaron que el exgobernador solo cumplía prisión por este caso, por lo que, al haberse dejado sin efecto el fallo, ya no pesa sobre él ninguna orden de prisión.
El abogado penalista Aldo Ramos señaló que Cáceres Llica deberá salir en libertad una vez que el juzgado reciba la notificación de la sentencia de casación. La liberación no será inmediata, ya que la Sala Suprema debe notificar al juzgado la sentencia que anula la condena y ordena nuevo juicio. Indicó también que este trámite puede tardar hasta diez días.
En la sentencia original de 2023, el juez Eddy Leva Cascamayta había determinado que Cáceres, como alcalde de Caylloma, autorizó la compra innecesaria de las butacas por un monto de 21 mil 460 soles, en presunta concertación con una empresa privada. Además, se le impuso inhabilitación por siete años y el pago de 13 mil 592 soles por reparación civil. Junto a él fueron sentenciados otros tres exfuncionarios, mientras que dos fueron absueltos al no hallarse pruebas suficientes de su participación.
