El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles 20 de agosto nuevas sanciones contra cuatro integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), a quienes acusa de impulsar investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza, Afganistán y otros conflictos.
Las sanciones alcanzan a Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiyi; y Mame Mandiaye Niang, de Senegal. Según el gobierno estadounidense, los magistrados participaron en procesos dirigidos a indagar, arrestar o procesar a ciudadanos de EE.UU. e Israel sin el consentimiento de ambos países.
Las medidas contemplan el bloqueo de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos norteamericanos. Esta acción se suma a sanciones previas emitidas en febrero contra el fiscal Karim Khan y en junio contra otros cuatro jueces de la CPI.
Entre los sancionados, la jueza Prost y los fiscales adjuntos Khan y Niang están vinculados a investigaciones sobre la actuación de fuerzas estadounidenses y la CIA en Afganistán, así como a procesos en Sudán. En tanto, el juez Guillou integró la sala que autorizó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra en Gaza.
Rubio justificó las sanciones señalando que la CPI representa un “abuso de poder” y una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. e Israel. “La Corte ha sido utilizada como un instrumento de guerra legal contra nuestros países”, afirmó en un comunicado oficial.
La Corte Penal Internacional fue creada en 2002 a través del Estatuto de Roma y tiene como misión juzgar a personas responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, potencias como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros del organismo y no reconocen su jurisdicción.
