El Centro de Emergencia Mujer (CEM) en el distrito de La Joya registró 534 casos de violencia durante el año 2025, una cifra que confirma un incremento sostenido en comparación con años anteriores, según informó su promotor, Cristóbal Correa, en entrevista con Radio Satélite. Solo en enero de 2026 se reportaron en promedio 43 atenciones, lo que mantiene la tendencia al alza en los primeros meses del año.
De acuerdo con Correa, aproximadamente el 25% de las atenciones del año pasado corresponden a casos de reingreso, es decir, víctimas que vuelven a acudir al sistema tras sufrir nuevos episodios de violencia, ya sea por el mismo agresor o por una persona distinta. Esta situación, explicó, evidencia la persistencia del problema y la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las personas atendidas.
El representante del CEM precisó que un caso de reingreso se registra cuando una víctima, que ya figura en el sistema, vuelve a ser atendida por hechos de violencia psicológica, física o sexual. En estos casos, el centro no solo brinda apoyo legal, sino también acompañamiento psicológico y social, debido a la complejidad de las situaciones que enfrentan las víctimas.
En cuanto a la distribución de los casos en el distrito, Correa indicó que cerca del 50% de las atenciones provienen de la zona de El Cruce de La Joya, principalmente por ser un sector con mayor población, mayor movilidad y presencia de población flotante que llega por motivos laborales y luego se retira de la zona.
Respecto a la evolución de las cifras, detalló que en 2024 se registraron 449 casos y en 2023 un total de 431, lo que significa un incremento de más de 100 casos entre 2023 y 2025. Este aumento, señaló, refleja que la violencia sigue siendo un problema recurrente en la comunidad y que afecta a distintos entornos familiares.
Correa explicó que el trabajo del Centro de Emergencia Mujer se concentra en la atención integral de la víctima, con la intervención de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, cuyos informes sirven de sustento para las acciones que posteriormente asumen el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como para la aplicación de medidas de protección cuando corresponde.
Finalmente, recordó que en el ámbito educativo existen protocolos para detectar posibles casos de violencia en niños y adolescentes, y que cuando se identifica violencia física, psicológica o sexual en el entorno familiar, se activa la intervención policial y del CEM, con el fin de proteger al menor y realizar las diligencias correspondientes según cada situación.
