El promotor del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de La Joya y otros sectores aledaños, Cristóbal Correa, advirtió que los casos de violencia contra personas con discapacidad suelen permanecer ocultos, debido a que muchas víctimas no logran denunciar por sus propias limitaciones y dependen de terceros para hacerlo.
Según explicó, la Ley 30364 reconoce a las personas con discapacidad como un grupo prioritario de atención frente a hechos de violencia de género. Sin embargo, en distritos como La Joya, las denuncias registradas son escasas, lo que no significa que los casos no existan, sino que muchas veces permanecen invisibilizados.
El especialista precisó que las víctimas con discapacidad enfrentan mayor vulnerabilidad en situaciones de violencia sexual, psicológica o física, incluso dentro del entorno familiar. En muchos casos son objeto de agresiones, restricciones, insultos o abusos sexuales, agravados por su dependencia hacia otras personas para el cuidado diario.
Correa invocó a la población a denunciar cualquier hecho de violencia en comisarías o a través de la línea 100, recordando que no se requiere prueba ni testigos para formalizar una denuncia. Subrayó que la participación de familiares, vecinos y personas cercanas es clave para proteger a esta población vulnerable.
No obstante, aún falta un mayor compromiso del Estado y los gobiernos locales para implementar políticas inclusivas y generar servicios especializados de protección como en albergues. “Todavía existen brechas que impiden atender adecuadamente a personas con discapacidad que sufren violencia”, puntualizó.
